Gustavo Torrico, ha sido alto miembro del MAS, ahora aparece vinculado en el escándalo del alemán Dirk Schmitd, supuesto traficante de armas y con antecedentes por estafa y otros delitos. El alemán según toda la evidencia venía trabajando para el gobierno con muchas autoridades.
Bolivia, 2 de agosto de 2010 (CEP).- Los órganos de represión del Estado actúan a nivel legal e ilegal, con la violencia y la extorsión, en contra de los sectores populares y/o a favor de la clase dominante o sus agentes. Y en estos últimos días los encargados de la “seguridad interna” del país han demostrado estar embarrados en manejos subterráneos a ese nivel que involucran, en un caso, extorsiones, manejo de informantes y protección a traficantes.
El alemán Dirk Schmidt fue aprehendido hace una semana en posesión ilegal de armas largas. La Fiscalía se apresuró a imputarlo por “alzamiento armado y sedición”, pero casi al mismo tiempo se reveló que el susodicho estaba acreditado por el Ministerio de Gobierno (del Interior) y la Policía Nacional como su “informante”.
A modo de defensa, el propio Schmidt asegura que sólo “cuidaba las espaldas” del presidente Evo Morales. Lo cierto es que él estaba íntimamente ligado al gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS), y nada menos que su esposa Karina Flores fue concejal del MAS en la alcaldía de Porongo (vecina de la ciudad de Santa Cruz).
¿Cómo es que este colaborador fiel del gobierno de Evo comerciaba ilegalmente con armas de grueso calibre?, ¿por qué este personaje ligado al MAS tiene acusaciones por asesinato, estafa y otras en su país?, ¿en qué medida actuó este colaborador del Ministerio de Gobierno en el desalojo de campesinos-medios de tierras fiscales, en la provincia San Ignacio de Velasco?, ¿cómo es que la “revolución agraria” del MAS se apoya en personas oscuras, por decir lo menos?
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ha asegurado que Schmidt es una persona de “altísima peligrosidad”. Pero lo que no dice es que el alemán ha trabajado con su despacho, con la Policía Nacional e incluso con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en algunos desalojos de campesinos. Y lo más probable es que, como dice Llorentti, al mismo tiempo fuera extorsionador, junto al ex viceministro Gustavo Torrico, de los campesinos menonitas que necesitaban documentos de migración.
Más allá de cualquier denuncia y contradenuncia, Schmidt trabajó para el gobierno sin ser funcionario designado ni autoridad elegida; se desconoce si recibía un sueldo por su “trabajo”; intervino en conflictos sobre tierras; actuó como negociador del gobierno en conflictos sociales y tenía un “negocio” de armas.
Los dirigentes del MAS conocían sus actividades, la Policía sabía de sus “colaboraciones” gratuitas con el gobierno, y todos le dejaban hacer su tráfico de armas. Sin embargo ahora los dirigentes nacionales del MAS niegan sus vínculos con el alemán y todos eluden el tema, aunque varios informes oficiales (del Ministerio de Gobierno y del INRA) confirman y documentan las funciones cumplidas por Schmidt.
El hecho muestra que el viejo Estado continúa su modus operandi a la hora de actuar en temas de seguridad interna y en problemas relativos a la tenencia de tierras. No sólo se utiliza a la Policía como un órgano de represión legalizado, sino que además se trabaja con mercenarios que operan en la total ilegalidad, sin funciones definidas, pero con respaldo de las autoridades incluso para sus ilícitos negocios particulares.
En momentos en que se anuncia la reestructuración de la Policía –debido a escandalosos casos de corrupción y violaciones de derechos– resulta nada menos que el Ministerio de Gobierno está comprometido con el empleo de medios completamente reñidos con la democracia burguesa, incluso para satisfacer fines personales de sus altos funcionarios, como el caso de la extorsión que se señala al ex viceministro Gustavo Torrico.
El gobierno no ha explicado satisfactoriamente este tema, los funcionarios de gobierno como el viceministro de gobierno, Marcos Farfán, o el jefe de la Policía, Oscar Nina, se han limitado a señalar que no conocían absolutamente nada de este ciudadano, a pesar de la abundante evidencia que lo vincula con el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Servicio de Migración, el INRA y con otras dependencias estatales (su esposa dice que con cinco ministerios) desde hace varios años. El gobierno pretende reducir el problema a un tema de corrupción de algunos funcionarios y falsificación de documentos.
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