El Centro de Estudios Populares de Bolivia (CEP) es una organización sin fines de lucro, que cuenta con un equipo multidisciplinario, dedicado al estudio y análisis de la realidad boliviana con un compromiso con los sectores explotados que luchan permanentemente en defensa de sus derechos democráticos. El objetivo de CEP es luchar junto a nuestro pueblo por construir una verdadera alternativa transformadora en base al conocimiento de la realidad objetiva de los hechos que suceden en Bolivia

miércoles, 25 de mayo de 2011

La policía y la delincuencia del “proceso de cambio”

Gral. Ciro Farfán, encargado por Evo Morales para acabar con la corrupción policial en 90 días, es otro jefe policial que ha sido involucrado en otro escándalo.


Bolivia, 23 de mayo de 2011 (CEP).- El delito de clonar placas de vehículos robados ha sido esta vez el acto criminal que derivó en el cambio del Comandante Nacional de la Policía. El carro con placas clonadas estaba en manos de un suboficial de Policía, y existe la seria sospecha de que el vehículo es de propiedad del removido comandante Ciro Farfán.

Farfán había sido posesionado el 14 de marzo de este año, con la misión de “acabar con la corrupción en la policía en 90 días”. A escasos días de ese mandato, otro escándalo policial de gran magnitud sacudió al gobierno pues involucraba al general René Sanabria, entonces jefe del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, con una banda internacional de narcotraficantes. El capo René Sanabria trabajaba nada menos que codo a codo con el ministro de Gobierno y ex activista de derechos humanos, Sacha Llorenti.

El gobierno del “proceso de cambio” viene prometiendo una reforma policial (al igual que todos los gobiernos) que nunca llega. En estos últimos años Evo Morales y su Ministro no han escatimado calificativos acerca de la “sacrificada labor policial” que “ha dado mucho por la población”, han fijado como objetivo crear “el policía del cambio”. Sin embargo toda esta propaganda se desbarata cada vez que aparecen escándalos que involucran a esta cuestionada institución del Estado.

A pesar de que para todos es evidente la crisis estructural de la policía, Evo Morales y Sacha Llorenti acuden al desgastado argumento la presencia de “policías malos” que dañan el prestigio de la institución. La realidad es muy distinta. La policía boliviana está envuelta en escándalos desde siempre. Extorsión, corrupción, asociación con delincuentes, represión, asesinatos extrajudiciales (en la ciudad de Santa Cruz) son parte de la práctica policial. A esto hay que sumar la labor represiva de aplastar las protestas del movimiento popular. En su defensa del viejo Estado, bajo órdenes de las más altas autoridades políticas, la Policía ha cosechado y cosecha una gran cantidad de muertos y heridos. Ésta es la realidad pasada y actual de la “sacrificada labor policial”.

El propio Ministro de Gobierno lo reconoce así cuando admite la existencia de bandas al interior de la Policía (por ejemplo en torno de la clonación de placas), también Evo Morales cuando refiere la existencia de toda una jerga policial-delincuencial para extorsionar a los ciudadanos. El senador oficialista Isaac Ávalos ha dicho hace un par de meses que la Policía “es una vergüenza nacional e internacional”, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha declarado este domingo pasado que “mafias” dentro de la Policía, donde participan algunos “generales”, quieren destituirla e incluso planean atentar contra su vida. Los citados aquí son autoridades del gobierno que no pueden ocultar el peligroso accionar de la policía y se contradicen, de vez en cuando, con el argumento de los malos policías.

¿A qué viene entonces esta argumentación? La vieja cantaleta de que el problema no es de la institución sino de malos elementos ha sido utilizada por todos los defensores del viejo Estado, es un argumento deliberado que busca esconder precisamente el carácter reaccionario que tiene la Policía, que su accionar generalizado en contra de la población es su razón de existencia, su característica de reproducción. La existencia de policías “buenos” o “malos” es un elemento secundario, la práctica corrupta y represora de la Policía está marcada como huella de nacimiento y alcanza, como vemos en las propias declaraciones de las autoridades políticas (y tantísimas otras denuncias de la población y los propios policías), a las más altas autoridades.

En realidad la pesada carga que soporta la población debido a la práctica policial es un aspecto de la dictadura de clase del Estado y está insertado en la lógica del sistema. El ingreso a la Policía está regido por pagos de dinero, los postulantes ven en ello una “inversión” a recuperarse en el futuro. Cuando están en la Policía, el pago es para ser enviados a unidades específicas (frontera, aduanas, trámites policiales). La “inversión” realizada será “recuperada” después, a base de extorsiones a los ciudadanos. Es todo el sistema (no los “malos policías”).

Los hechos de corrupción y la represión que ejerce la Policía revelan la forma en cómo el viejo Estado aplica su dictadura sobre el pueblo, dictadura que recae como una pesada carga sobre las espaldas de la gente (fuera de los hechos de muerte y tortura), en particular contra los más pobres, contra los que no tienen nexos con el poder. Esa opresión sobre la gente más desposeída refleja su carácter de clase.

El gobierno ha presentado como “medida revolucionaria” el quitar a la Policía las recaudaciones por Identificación Personal y Trámites de Licencias, para pasarlas a manos civiles. Pero las instituciones burocráticas del Estado actúan de manera similar a la Policía, basta ver el sistema judicial para tener una idea de que es una desgracia caer en sus dependencias. ¿Qué se puede esperar de las recaudaciones en manos de civiles? Así como en la Policía, el ingreso a la administración pública no está exento de coimas y, en el “proceso de cambio”, la compra-venta de avales firmados por altos políticos del MAS. La corrupción generalizada en estas instancias incluso ha “naturalizado” ciertos pagos que las personas se ven obligadas a hacer sin que medie obligación legal alguna.

Las reformas del gobierno de Evo no han tocado esta esencia, tendrían que acabar con el sistema mismo si quisieran hacerlo. Pero el “proceso de cambio” no apunta a transformar el sistema sino a reestructurar el viejo Estado y sacarlo de su crisis a través de reformas aparentemente beneficiosas para la población. Todo proceso reformista se mueve dentro de la dinámica de la vieja sociedad y pronto abandona su retórico combate a “los males” de esa sociedad. El Ministro de Gobierno, por ejemplo, ha sacado el argumento reaccionario de que “detrás de todo corrupto hay un corruptor”, en otras palabras los funcionarios corruptos son víctimas de la población. Eso es colocar a la víctima como victimador. De supuesto defensor de la población ante los abusos del Estado, cuando era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Llorenti pasó a ser el más fiel defensor del viejo orden. Todo su trabajo está volcado ahora a relativizar la responsabilidad del Estado (en la personificación de sus funcionarios) y endilgar la responsabilidad a toda la sociedad.

Hace algunos años cuando se armaba el proceso de juicio de responsabilidades contra los crímenes de octubre de 2003, ocurrido durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el activista de derechos humanos Sacha Llorenti señalaba la necesaria individualización de los principales responsables de las matanzas porque, según decía, “culpar a todos lleva a no culpar a nadie”. Hoy Llorenti usa esta estrategia para librar de responsabilidades al Estado.

Centro de Estudios Populares

jueves, 14 de abril de 2011

Protestas populares desnudan la demagogia del proceso de cambio

Miles de manifestantes cercan la casa presidencial de Evo Morales

Bolivia, 14 de abril de 2011 (CEP).- El gobierno de Evo Morales quiere borrar con el codo el gazolinazo de fines de 2010, pero no puede quitar los efectos de ese asalto y golpe económico a los sectores populares. El resultado es, hasta ahora, ocho jornadas de protestas en todo el país, con maestros, salubristas y obreros que se mantienen con la moral alta para demandar incremento salarial y denunciar el fracaso del “proceso de cambio”.

“¡Evo, Álvaro, dónde está el cambio!”, reclaman los maestros del área rural llegados de todo el país a La Paz, sede de gobierno, para exigir que se cumpla la “nueva” Constitución Política, aprobada en 2009, en la que se elimina teóricamente las diferencias salariales entre profesores del campo y de la ciudad.

Los maestros de áreas rurales y citadinas están en coordinación en sus movilizaciones, y son protagonistas del “bloqueo de las mil esquinas” que a diario afecta la vida de la ciudad desde donde gobierna Evo Morales.

Los asalariados no están de acuerdo con el escaso 10% de incremento salarial que ha anunciado el gobierno, y piden más (30%) porque el gasolinazo del 26 de diciembre pasado, a pesar de haberse anulado también gracias a las protestas sociales, encareció el costo de vida de la población.

Ciertos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), cooptados por el gobierno de Evo Morales, no han podido contener las protestas de las amplias masas que no cesan en sus marchas, bloqueos y movilizaciones. Los dirigentes en la COB del revisionista Partido Comunista de Bolivia, aliado al gobierno de Evo, han quedado anulados y prefieren esconderse en las negociaciones con las autoridades.

La moral de los trabajadores es alta, las protestas son entusiastas y con convicción, totalmente distintas a las cada vez menos frecuentes manifestaciones de apoyo al gobierno que suelen organizar los tirasacos de Evo Morales. Nada los desalienta hasta ahora, y aguantan firmes los insultos del gobierno cuando los tacha de “derechistas” y “golpistas”.  Nada los desmoviliza, ni las amenazas de los ministros de descontarles el sueldo ni los descuentos ya hechos en el sector educación. Nada les baja la moral, ni las constantes gasificaciones a las que les someten los policías en la ciudad.

A pesar de todo, los dirigentes de la COB al servicio del gobierno intentan de todas formas desviar las protestas, queriendo aceptar un 15% de aumento a los salarios e incluso planteando que la demanda salarial no es tan importante como hablar de la reactivación productiva.

El gobierno también hace su trabajo, y ha lanzado un decreto rompehuelgas para que otros centros de salud atiendan a los beneficiarios de las Cajas que están en huelga. La sorpresa es que esos otros centros de salud también están en huelga.

La otra movida de Evo Morales fue atraer a los sindicatos campesinos, cooptados en el Pacto de Unidad, para que salgan a marchar y a enfrentar a los trabajadores. Hasta ahora esto no ha sucedido, tampoco la FEJUVE de La Paz, controlado por masistas, pudo articular su amenaza de marchar contra las protestas, pero los maestros han adelantado que no van a responder con flores a las agresiones de los sectores vinculados al masismo.

Después de largos años de letargo en que los sectores populares evitaron cualquier cuestionamiento al “proceso de cambio”, después años en que cualquier demanda de derechos era tachada por Evo Morales de “derechista”, después de seguir ciegamente a dirigentes aristocratizados, comprados y cooptados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora los trabajadores del país están nuevamente luchando en las calles por mejores condiciones de vida y por salarios que les permitan vivir dignamente.

Más amplios sectores de subempleados (desde comerciantes minoristas y trabajadores informales) todavía están desmovilizados, sin cohesión sindical, pero viviendo en situaciones durísimas con salarios temporales que pueden ser considerados ilegales. Y es que el salario mínimo es de 815 bolivianos (entre 115 dólares o 90 euros). Pero ese salario mínimo rige en el papel desde principios de este año, muchísimos trabajadores subempleados ganan un promedio de 600 bolivianos y carecen de cualquier tipo de beneficios sociales, como salud, jubilación etcétera.

Es necesario que todos los sectores se organicen y luchen junto a los organizados por mejores condiciones de vida, que se articulen en un movimiento popular clasista y que las luchas que ahora desarrollan sean la escuela para la construcción de un verdadero programa de transformación.

Centro de Estudios Populares

jueves, 24 de marzo de 2011

Abajo la intervención imperialista en Libia

El imperialismo bombardea Libia y dice proteger a la población civil

Bolivia, 24 de marzo de 2011 (CEP).- La ONU inició su “ayuda humanitaria” en Libia bombardeando hospitales y población civil, de esta manera el sistema imperialista pone sus garras en un país sumido en muchas contradicciones con un presidente, Muamar Gadafi, que ha tenido sometido a su pueblo, y un levantamiento popular, genuino en su origen, pero aprovechado por las fuerzas reaccionarias. Las principales potencias imperialistas, a diferencia de su actuación con Egipto y Túnez donde pedían cautela, ahora se han lanzado con todo a bombardear el país del norte africano.

Una vez más el carácter imperialista de la ONU se pone de manifiesto, diversas potencias como EEUU, Francia, Inglaterra, Canadá, entre otras, aprobaron la intervención militar en Libia y contaron para ello con la complicidad de otros países imperialistas como Rusia y China que se “abstuvieron”. El imperialismo es un sistema de dominación mundial y no sólo es EEUU como creen aquellos que se sienten antiimperialistas asumiendo posiciones antiyanquis y buscando socios europeos, rusos o chinos. Generalmente los imperialistas imponen su dominación colonial de manera directa pero cuando su intervención puede parecer descarada utilizan a las instituciones como la ONU para tener legitimidad pues ésta es parte esencial de la estructura imperialista mundial.

Este monstruoso aparataje de dominación que ha intervenido un país del tercer mundo nos quiere hacer creer que con sus acciones va a proteger a la población de Libia. El líder del imperialismo mundial, el primer presidente negro de EEUU, Barak Obama, habla como juez moral y defensor de los derechos de la población civil cuando justifica los bombardeos aéreos y los lanzamientos de misiles sobre Libia.

Las verdaderas intenciones imperialistas apuntan a no perder el control de la zona ante los levantamientos populares que se han producido, aquellos levantamientos han echado a los gobernantes corruptos y asesinos que llevaban décadas en el poder. En Túnez y Egipto el movimiento espontáneo del pueblo ha conseguido cambios de personajes de gobierno, pero no ha podido cambiar la vieja estructura dominante, esa vieja estructura es leal y funcional al imperialismo, en particular norteamericano.

Cuando se produjeron los levantamientos populares en estos países, los imperialistas nunca alzaron la voz para “defender a la población civil” del ataque de las tropas gubernamentales. Maniobraron por todos los medios para que los cambios que se produjeran no cambien las relaciones de dominación que tiene el imperialismo sobre aquellos países. Pero en Libia sucedió algo diferente.

Gadafi es un viejo militar nacido del nacionalismo libio. Declaró de palabra ser partidario del socialismo pero en muchas ocasiones manifestó su anticomunismo. Se trata de otra de esas variantes de las que se viste la ideología nacionalista que busca posicionarse de manera favorable dentro del circuito capitalista mundial. Gadafi nunca rompió con el imperialismo definitivamente, sus cuestionamientos al capitalismo se limitaron a exigir mejores ingresos por la explotación del petróleo y atendió a una gran clientela política comprando lealtades, algo parecido a lo que sucede en nuestro país.

Lleva más de 40 años en el poder y en los últimos años ha tenido un mayor acercamiento al imperialismo yanqui. Las revueltas populares en Libia originalmente han sido influenciadas por lo sucedido en los demás países del norte africano, Gadafi ha respondido con mucha violencia. El levantamiento popular sin una dirección revolucionaria ha sido aprovechado por opositores al régimen y partidarios del imperialismo, esto ha desencadenado una guerra civil. Ante este panorama las grandes potencias buscan tener bajo control la situación,  si bien Gadafi tiene acuerdos con los imperialistas, no es su mejor ficha, por eso es mejor buscar un gobernante más dócil y manejable y para ello intervienen militarmente el país bajo el paraguas de la ONU con el argumento de “ayuda humanitaria”.

Debemos estar seguros de que cualquier intervención imperialista (incluyendo las “misiones de paz” en la que participan los gobiernos reformistas como el de Bolivia) no va a llevar ningún beneficio a los pueblos, por el contrario, sólo traerá muerte, desastres y mayor sometimiento al pueblo y a los pobres en particular. Si bien la lucha se debe organizar desde el propio pueblo contra esta intervención y también contra el opresor Gadafi, solo una dirección revolucionaria podrá garantizar una lucha eficaz y realmente liberadora.

Centro de Estudios Populares

sábado, 19 de febrero de 2011

Movilización popular cuestiona políticas de Evo

La movilización fue masiva y cuestionó las políticas de Evo


Bolivia, 20 de febrero de 2011 (CEP).- Este viernes 18 se cerró una semana de movilizaciones y protestas populares contra el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar. La movilización convocada por la COB fue multitudinaria, las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba concentraron las mayores protestas, en particular Cochabamba donde obreros, juntas de vecinos e incluso población rural realizaron 20 puntos de bloqueo con piedras y troncos repudiando la política del gobierno.

La Central Obrera Boliviana (COB), que en estos últimos años ha marchado a la zaga de las protestas, anunció apresuradamente el paro movilizado para el pasado 18, esto por la presión de las bases pero también para bajar el perfil a los sindicatos contestatarios de maestros y salubristas que venían convocando la movilización para ese mismo día. La dirección de la COB, servicial al gobierno, ha buscado conducir la movilización por los cauces domésticos y evitar el enfrentamiento con el gobierno, pero las bases movilizadas han sido claras en repudiar la política gubernamental que, desde la medida del gasolinazo (luego derogada), ha disparado los precios en los mercados afectando a las familias más pobres.

Las direcciones departamentales de la COB en Pando y en Beni (conocidas por su afinidad con el gobierno) y algunas direcciones locales de ese departamento no acataron las medidas con el oportuno argumento de no haber recibido la instrucción del ente matriz, sin embargo los sectores más combativos como maestros rurales y urbanos así como los salubristas salieron a marchar denunciando a sus direcciones cooptadas. En estos años de manifestaciones se ha revelado que las direcciones nacionales y medias están prebendalizadas al gobierno, pero los sindicatos de base y algunas federaciones departamentales son las únicas dispuestas a cuestionar la política oficialista.

Al respecto, cuando sindicatos de base piden participar en la negociación salarial, el gobierno declara que tiene como política negociar sólo con direcciones nacionales y no con departamentales o de base para evitar que éstas direcciones se disparen con propuestas sectoriales y no concreten una negociación unitaria, sin embargo, el punto central aquí es que las direcciones nacionales son afines al gobierno, éstas, divorciadas de las bases, generalmente ceden en las negociaciones con el gobierno. El argumento del gobierno para negar la participación de la base es sólo parte de su doble discurso, un ejemplo entre muchos, el año pasado en el conflicto con la CIDOB, mientras los dirigentes de esta entidad iniciaban la marcha de Santa Cruz a La Paz, el gobierno trataba de romper la marcha negociando con las afiliadas de esta central y se negaba a discutir con los dirigentes nacionales. Este ejemplo es sólo una perla de la práctica política hipócrita del oficialismo.

Pero la medida de la COB se desarrolló en todo el país, en unos departamentos más que en otros, Cochabamba fue el epicentro con contundentes bloqueos y movilizaciones, también hubo contundencia en Oruro, donde la semana anterior una combativa marcha del movimiento minero obligó a Evo Morales a retirarse intempestivamente cuando participaba del aniversario de ese departamento. Durante la semana Evo declaró que le daba risa la demanda salarial de la COB y le exigió que hagan propuestas coherentes. Estos argumentos han sido compartidos por la dirección de los empresarios privados. Esto molestó a los dirigentes sindicales y a la población.

La movilización ha puesto de relieve el despertar del pueblo, las marchas de toda la semana cuestionando al gobierno, incluso ahí donde la han dirigido dirigentes adictos al gobierno por la presión de sus bases, muestran que el movimiento popular está comprendiendo que sólo organizándose y movilizándose va a poner freno a las políticas antipopulares del gobierno, pero también están mostrando los límites de la demagogia reformista del denominado “proceso de cambio”, cada vez la gente se pregunta qué ha cambiado con este gobierno, y la respuesta es mayoritaria, no ha cambiado nada. El discurso se desgasta y no da de comer a la gente.

Suben los precios de los alimentos
Los funcionarios del gobierno y el propio Evo Morales han dicho hasta el cansancio que el problema para la elevación de precios nacionales es la crisis mundial de alimentos y la subida de precios en el mercado internacional y no su política gubernamental, ha echado la culpa a los especuladores y a los grandes agroindustriales por la escasez de alimentos, sin embargo, desde hace tiempo ya muchos estudios vienen señalando que el gobierno no invierte en la producción nacional y la producción interna ha caído. La principal preocupación del gobierno ha sido la exportación, en particular hidrocarburos y minería, extasiado por la subida internacional de los precios ha puesto su interés en la exportación lo que le ha generado divisas con las que ha financiado en parte su política de asistencia social a través de bonos. Mientras tanto la producción nacional no puede satisfacer las necesidades del mercado interno, hace una semana un sondeo mostraba que productos como la papa, cebolla, zanahoria, limón, zapallo entre otros provienen de Perú o Argentina, incluso el pescado del lago Titicaca está viniendo de los productores peruanos debido a la caída de la producción en Bolivia.

La supuesta denuncia contra los agroindustriales es relativa porque las medidas del gobierno como el alza de azúcar en realidad beneficia a los grandes productores. Si bien existe agio y especulación, esto ha habido siempre y no explica la subida permanente de los precios, además ha sido la cuestionada Empresa estatal EMAPA la que ha sido descubierta almacenando inmensas cantidades de azúcar y ha sido esta empresa la que ha subido el precio del producto de manera arbitraria.

Los funcionarios del gobierno han manejado con hipocresía la crisis del azúcar, mientras pedían al pueblo ajustarse los cinturones y consumir menos azúcar (incluso a Evo Morales se le ocurrió la “brillante” idea de que cada ciudadano produzca miel de abeja en su casa) la ministra de Desarrollo Productivo tenía almacenada en su casa montones de quintales de azúcar y los funcionarios de las dependencias estatales recibían beneficios para comprar azúcar sin sufrir la escasez que padecía la población ni las larguísimas colas en las dependencias de la empresa estatal, forrados con azúcar es muy fácil pedir a los demás que se “ajusten el cinturón”.

El argumento de la subida internacional de los precios revela en realidad la subordinación de la economía nacional en el circuito imperialista del mercado mundial. Pero la demagogia y la tergiversación del gobierno pretende ocultar el carácter semi colonial de la economía boliviana. Álvaro García Linera recientemente ha argumentado la subida de precios es problema de las leyes del mercado, pretendiendo ocultar el carácter de este mercado, ha señalado que el mercado ha existido siempre, incluso antes del capitalismo, así trata de concluir que el vaivén de las leyes del mercado en abstracto no tiene que ver con que la crisis del capitalismo mundial afecte a Bolivia, ¿por qué dice esto el señor García Linera? Porque este demagogo viene diciendo que en Bolivia ya no se impone el imperialismo, ya no hay neoliberalismo, es mas, ya se está acabando el capitalismo. Por eso pretende hacer del mercado una abstracción ahistórica y negar su carácter imperialista actual.

Sin embargo la realidad es otra, el que la crisis mundial de precios tenga impacto en Bolivia (porque también lo tiene, no dejan de tener algo de razón en esto los dirigentes del “proceso de cambio”) revela que el país es parte del circuito imperialista mundial y que juega un papel subordinado en esta cadena, es decir, sigue sometido al imperialismo como muchos países atrasados y mantiene su carácter de semi colonia; esto desenmascara la demagogia oficialista del Movimiento al Socialismo porque no hay tal marcha al socialismo, los lazos de dominación imperialista siguen sometiendo al país (el gasolinazo fue otra muestra clara de eso), al capitalismo burocrático boliviano, pero además revela que el horizonte reformista no puede conducir a romper con la dominación del imperialismo, consigue a lo mucho ciertas ventajas momentáneas para las clases dominantes del país o para los nuevos privilegiados en el aparato gubernamental, pero tarde o temprano el peso imperialista se impone, y eso es lo que está pasando en Bolivia.

Las masivas movilizaciones populares cuestionan las cifras macroeconómicas del gobierno que habla de bonanza económica, son estos sectores y no “infiltrados” los que participan en las marchas cuestionando las medidas oficialistas, al contrario es un pequeño sector de dirigentes prebendalizados y cooptados por el gobierno los que tratan de contener estas luchas y niegan su legitimidad (El mismo viernes un ridículo grupo de dirigentes de la Fejuve de La Paz se pronunciaba en la plaza Murillo en contra de las marchas y movilizaciones. A la plaza Murillo sólo entran dirigentes oficialistas o movilizaciones que apoyan al gobierno, todas las marchas antigubernamentales tiene prohibida la entrada a esta plaza).

El pueblo precisa romper con la nefasta influencia de los dirigentes adictos al gobierno, necesita construir un camino clasista que oriente sus luchas, necesita construir una organización de vanguardia que prepare el camino de su liberación, en acción consciente precisa de construir el campo popular y la alternativa revolucionaria que plantee un verdadero programa de transformación y de revolución.

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Egipto: las ramas secas han ardido pero hay que quemar la raíz

Hombres y mujeres fueron protagonistas de las revueltas en Egipto

Bolivia, 17 de febrero de 2011 (CEP).- Las luchas del pueblo egipcio han remecido la conciencia de los pueblos y ha sacudido el letargo al que sus gobiernos los han sometido por años. Aunque la rebelión popular ha sido valerosa e inspiradora para los luchadores en todo el planeta, los pasos para romper con la dominación imperialista y crear un Egipto libre aún son muchos.

El levantamiento en los países del norte de África (Túnez, Egipto, Argelia) y otros países árabes están mostrando que las cifras macroeconómicas no son un reflejo de la verdadera realidad que vive el pueblo. Mientras el imperialismo y en particular el Fondo Monetario Internacional hablaba de milagro económico en estos países la situación del pueblo empeoraba. Esto es bastante ilustrativo para aquellos que gustan jactarse de las felicitaciones de estos organismos imperialistas.

Es práctica de las clases dominantes mostrar las cifras generales como el avance de un país y mejora para todos, sin embargo, en todos los países, con la aplicación de diferentes políticas económicas, unas clases se enriquecen mientras otras se empobrecen, unas tienen récords de ganancia mientras otras caen en la miseria completa, algunas veces, estos programas contemplan “políticas sociales” para los sectores empobrecidos con el fin de que la rebelión no se desate.

Pero la rebelión se desata tarde o temprano y la situación puede cambiar de manera radical, eso ha sucedido en Egipto donde el pueblo se ha puesto de pie para acabar con esta situación. También se ha levantado contra un gobierno corrupto y criminal, contra una institucionalidad política que lo ha oprimido y coartado en sus más elementales libertades, el pueblo se ha levantado contra el odiado mandatario que representa de manera sintética la opresión, la muerte, el genocidio, la tortura, la corrupción, el enriquecimiento frente a la pobreza de los explotados, todo eso representa no solo el gobernante echado Hosni Mubarak (el defenestrado presidente de Egipto) sino también sus ministros, y los militares que lo han sostenido en el poder.

Mubarak es la continuación de gobiernos gestados por el ejército egipcio, de tinte nacionalista en sus inicios con Nasser, ha transitado la inevitable evolución del nacionalismo con Sadat y luego Mubarak. El estrecho margen del nacionalismo no puede crear una sociedad distinta, por ello el tránsito del nacionalismo egipcio que inició con su alineación a la influencia soviética (cuando ya la Unión Soviética no era socialista sino imperialista) pasó a manos del imperialismo norteamericano, hasta convertirse en el principal aliado yanqui de los países árabes y coludirse con los intereses israelíes en la región.

La heroica rebelión ha depuesto al tirano, pero la estructura que funcionó bajo el gobierno de aquel continua intacta, los militares que se han hecho cargo del gobierno son los mismos que han sostenido el gobierno de Mubarak. Este ejército tiene fuertes inversiones en la economía del país, algunos señalan que entre un 10 a 15% es el poder económico de ejército en la economía egipcia, tiene inversiones en industrias de alimentos, cemento, gasolina, en la producción de autos y en la construcción. Sus intereses así como los de la gran burguesía y el imperialismo están en estrecha relación y por eso no significan ninguna garantía de que vayan a conducir al país por transformación del viejo sistema que generó las condiciones de hambre y miseria.

El pueblo egipcio sacará las lecciones necesarias, el camino para una real transformación aún es largo, es preciso romper con el circuito imperialista mundial,  con la dominación imperialista, que tiene al país como una semicolonia, también es necesario desmontar todo el aparato político que sustenta la opresión del pueblo, todo eso se necesita si realmente se quiere transformar a Egipto en un país verdaderamente libre.

Si bien este camino aún no se vislumbra, el levantamiento popular de las masas egipcias anuncian que hay buena leña suficiente para generar el gran incendio del viejo sistema, sus luchas son necesarias para generar la conciencia suficiente y la organización necesaria que transite por el camino de la Nueva Democracia y rompa con la dominación imperialista, los agentes nacionales y las cadenas feudales a las que el pueblo está sometido.

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jueves, 27 de enero de 2011

La manipulación del caso terrorismo y el aprovechamiento político del MAS

El video donde se paga al testigo de la fiscalía en el caso terrorismo muestra
a los funcionarios del ministerio de gobierno cuando el ministro era Alfredo Rada


Bolivia, 27 de enero de 2011 (CEP).- El gobierno de Evo Morales nos había dicho el 2009 que la oposición estaba intentando “dividir al país”, que se preparaba un magnicidio, que los opositores iban a declarar la independencia de Santa Cruz, que una célula de extrema derecha iba a hacer el trabajo sucio.

Esos argumentos sonaron más fuerte después del 16 de abril de 2009, cuando en un operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rozsa Flores, el supuesto cabecilla del grupo ejecutor del plan separatista.

A casi dos años de ese hecho aparece ahora filtrado a los canales de televisión un video donde  nada menos que el ex Director Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno (del Interior) y el asesor del entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, entregan 31.500 dólares al testigo clave del caso, Ignacio Villa Vargas (El Viejo), con la condición de que salga del país ese mismo día, rumbo a Argentina.

El Viejo está prófugo de la justicia boliviana desde mayo de 2009 y, aunque también está imputado en el caso Rozsa (fue su chofer), nunca fue buscado por la Policía ni la Fiscalía que estaban a cargo de él cuando se dio a la “fuga”.

¿Por qué el gobierno de Evo Morales envió a sus funcionarios (Carlos Núñez del Prado) a sobornar al testigo clave de un caso de tal trascendencia? La versión relatada por El Viejo a la Policía antes de su “desaparición”, y por otros perseguidos, derivó en la detención y posterior imputación de cerca de cuarenta dirigentes cívicos, terratenientes, opositores y otros adversarios del gobierno.

No es el único cabo suelto. El mayor Walter Andrade, que aparece en fotografías con Rozsa, también desapareció y su unidad policial que fue desarticulada por el gobierno. Otra intocable es la policía Marilyn Vargas, “Karen”, que filmó el operativo de ataque al grupo de Rozsa, en el que se puede ver que los propios policías introducen “pruebas” al hotel donde murieron los “terroristas”. El gobierno también prometió una investigación de estos hechos pero no se hizo nada.

El punto es que el gobierno de Evo Morales necesitaba un enemigo interno para desarticular a sus adversarios ocasionales y de paso asegurarse el respaldo de la población en el país. Parecido a cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, armó la teoría de espionaje y terrorismo en contra del colombiano Pacho Cortés y dos dirigentes cocaleros, a quienes incluso les plantaron un kilo de droga y miles de dólares para complicarles su situación.

Cada día está más lejos el saber a ciencia cierta si el grupo de Rozsa era una verdadera célula de ultraderecha, o un grupo de choque con afanes separatistas, o un grupo de mercenarios (como se sabe que existen en Santa Cruz) a la espera de recibir trabajos del narcotráfico, o varias cosas al mismo tiempo.

Cada día se pierde el rastro acerca de cuál es la verdad detrás del soborno de Carlos Núñez del Prado, entonces Director Nacional de Seguridad Ciudadana, y del ex Ministro de Gobierno Alfredo Rada, por tanto del gobierno de Evo Morales, al intentar desaparecer a un testigo clave y luego imputado en el caso Rozsa.

Los fiscales se excusan y son excusados con argumentos que no son argumentos para evitar investigar a Carlos Núñez del Prado, y ni siquiera se habla del ex Ministro de Gobierno Alfredo Rada que ahora es asesor de los legisladores del MAS. Menos aún se mira hacia los altos mandos de estas acciones, como son Evo Morales y Álvaro García Linera. Los dardos han sido hábilmente dirigidos por el gobierno hacia el Defensor del Pueblo, donde también Núñez del Prado se había acomodado como mano derecha del titular después de sus actividades en la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana (a propósito, renunció como Defensor de La Paz, sede de gobierno, un día después de la publicación del video-soborno).

Esta semana se ha pronunciado las Fuerzas Armadas para responder a todo el dinero y beneficios que les da el gobierno. El comandante en jefe, Armando Pacheco, dijo que “grupos terroristas ingresaron a nuestro territorio en forma clandestina, para desarrollar actividades terroristas, con la finalidad de atentar contra la seguridad del Estado, desestabilizar al gobierno legítimamente constituido y atentar contra la tranquilidad y paz social de los bolivianos”.

¿El Viejo no es miembro (por eso está imputado) del grupo de extrema derecha que intentó la separación del departamento de Santa Cruz? ¿Ese grupo no estaba detrás de un plan de magnicidio y otras cosas terribles? Por qué entonces el gobierno le entrega 31.500 dólares al Viejo, como “último” dinero (así se escucha en el video) para que abandone el país.

Un ex conocido de Núñez del Prado, de sus épocas en el ELN, ha dicho en otras palabras que alguien tiene que hacer el trabajo “desagradable” en el gobierno, y que más bien Núñez del Prado puso su vida en riesgo por el gobierno de Evo Morales pero ahora nadie es leal con él.

Es cierto que los que manejan el viejo Estado han resuelto siempre sus contradicciones con sus adversarios, manejando herramientas no precisamente limpias, menos aún democráticas. Las denuncias de corrupción de funcionarios peces gordos casi siempre salen a flote, en éste y otros gobiernos, porque otro de sus correligionarios o un opositor lo denuncia.

Por lo visto el gobierno de Evo Morales no se diferencia en nada de estas prácticas, ha manejado así sus contradicciones con los cívicos y terratenientes de Santa Cruz, sus más identificados opositores y adversarios a principios de su gestión. Pero Evo Morales ha utilizado el caso Rozsa o caso terrorismo para aglutinar en torno a su figura y a su partido a los sectores populares de país, bajo la propaganda de que se planeaba la “división del territorio nacional”.

A partir de esto ningún sector sindical o gremial podía (puede) criticar al gobierno o plantear reivindicaciones propias sin ser tachado de pertenecer la derecha separatista.

Pero resulta indignante cuando, pasada la alarma del separatismo de la ultraderecha, el MAS firma acuerdos electorales con los grupos de choque de los cívicos y terratenientes cruceños que se agrupan en el Comité Pro Santa Cruz, precisamente los acusados de separatistas. Los fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y una barra brava futbolera de un conocido club cruceño (http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=22131) se aliaron al MAS para garantizar la reelección de Evo Morales en diciembre de 2009.

Para qué sirvió toda la trama (cierta o no, y con mucha manipulación política de por medio) de las acciones separatistas y terroristas. Para mantener callado al pueblo y tenerlo adormecido apoyando al “proceso de cambio”, mientras desde el gobierno y desde el MAS se volvía disimuladamente a establecer lazos familiares con la rancia clase terrateniente afincada en Santa Cruz.

Los “enemigos foráneos” sirvieron también para reforzar la falacia de que en Bolivia existe un “proceso de cambio” y una “revolución democrático cultural” en marcha. ¿Cómo no apoyar una revolución que está siendo atacada por grupos de ultraderecha ligados a los más conservadores sectores terratenientes? La propaganda surtió efecto y al margen de los sectores populares de país, grupos progresistas en distintos países se inclinan a apoyar un gobierno que a estas alturas es solo más de lo mismo, que sigue reforzando el capitalismo burocrático y a un viejo Estado burgués terrateniente que ha oprimido a nuestro pueblo con distintas caras al frente.

La propaganda con base en mentiras no va a surtir el mismo efecto todo el tiempo. Y ese efecto está comenzando a desaparecer en Bolivia, pero no es el pésimo guión del caso terrorismo lo que mueve a la población, sino las duras condiciones económicas en las que Evo Morales y su gobierno (incluidos sus dirigentes sindicales adictos) están obligando a vivir a los sectores populares debido a su dependencia de otro supuesto enemigo, el imperialismo, que en los hechos no ha sido tocado en sus intereses.

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La movilización y protesta del pueblo derrotan al gasolinazo de Evo

Fuerte movilización contra el gasolinazo de Evo
Bolivia, 1 de enero de 2011 (CEP).- La contundente movilización popular realizada el jueves 30 en casi todo el país frenó el Decreto 748, conocido como gasolinazo, que cuatro días antes había lanzado Evo Morales en contra de la economía de los sectores más pobres del país y en beneficio de las transnacionales petroleras.

Al finalizar el jueves 30, día de la contundente movilización popular contra el gasolinazo de Evo, el ministro de Gobierno Sacha Llorenti afirmó que “Bolivia estuvo casi en la normalidad”, habló de “pequeños grupos aislados” protestando y acusó a los manifestantes de vandalismo y delincuencia. Igualmente Evo Morales dijo que las movilizaciones estuvieron formadas por pequeños grupos “sospechosos”. La versión oficial de las autoridades del gobierno fue que se trató de una movilización no masiva, motivada políticamente por sectores de oposición, en particular por el Movimiento Sin Miedo que habría pagado a los manifestantes. El viernes 31 a las 10 de la noche, Evo Morales anunció en un mensaje a la nación que luego de escuchar al pueblo, dejaba sin efecto el decreto de gasolinazo y todas sus medidas complementarias.

En los hechos el gobierno no obtuvo ningún apoyo de la población. Evo Morales trató de imponer su reaccionaria medida, pero ésta fue contenida por la movilización popular que amenazaba con crecer a niveles mayores para la semana siguiente. Los dirigentes mineros, fabriles, maestros, juntas de vecinos,  sectores campesinos e incluso algunos sectores cocaleros estaban preparando protestas, entre ellas una marcha a la sede de gobierno (La Paz), para derrotar el decreto. Las distintas marchas del jueves habían pedido no solo la anulación de decreto sino la renuncia de Morales, a quién acusaron de traidor. Esta acción derrotó al decreto neoliberal que buscaba mejorar las condiciones de inversión para las empresas transnacionales petroleras.

Los sucesos acontecidos nos dejan varias cosas importantes.
-          El movimiento popular ha podido ver con claridad el carácter del gobierno y su sometimiento al capital transnacional, a las petroleras, que fueron la verdadera razón para el gasolinazo.
-          Los acontecimientos han puesto al descubierto a los dirigentes adictos al gobierno, que una vez más traicionaron a sus bases para alinearse con el oficialismo. Estos dirigentes fueron rechazados ampliamente y rebasados por sus bases, incluso en un sector duro como el cocalero.
-          Se ha puesto en evidencia el carácter de semicolonia de nuestro país. El imperialismo, a través de las petroleras, hizo sentir su poder y mostró que la “nacionalización” está a merced de sus intereses. El Estado boliviano no tiene control ni capacidad de producción en carburantes, el país depende de las transnacionales para esto. Bolivia no es el “Estado soberano” que dice el MAS y el llamado “proceso de cambio”, defendido por los ideólogos del MAS y todos los oportunistas y revisionistas, no es ningún “proceso de transición” al socialismo.

Evo Morales, después de retractarse en sus medidas, dijo que volvemos a la situación anterior al gasolinazo. No es así. La confianza y la esperanza que aún guardaban los sectores populares en su gobierno han sido fracturadas. Al gobierno no le será fácil recuperarlas, la demagogia ya no alcanzará para esto. A los sectores populares y, en particular, a los organizados les vienen otros desafíos y retos. Ha sido una victoria, pero se vienen muchas batallas. La lucha por el aumento salarios será una de las primeras y pondrá nuevamente en evidencia que el “proceso de cambio” no son más que un montón de reformas dentro del sistema, que no apuntan a romperlo sino a perpetuarlo.

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