La conquista de la tierra, una lucha democrática del pueblo

Bolivia, 19 de noviembre de 2010 (CEP).- En el mes de agosto reproducimos una noticia sobre la lucha de los campesinos por tomar la hacienda Santa Elina, municipio de Corumbiara, Estado de Rondônia[1] (Brasil); esta historia está ligada profundamente al enfrentamiento de los campesinos con las fuerzas reaccionarias del latifundio y el Estado brasileño en 1995 donde aquellos heroicamente enfrentaron a la policía militar. Mucho tiempo ha transcurrido desde la masacre, la lucha de los sobrevivientes ha planteado demandas al Estado para sancionar a los culpables, tratamiento médico e indemnización a las víctimas. Los gobiernos de turno no hicieron nada frente a las demandas de estas víctimas, incluso el demagogo Lula prometió satisfacerlas, pero sólo buscaba los votos de la población para, una vez en el poder, olvidarse de todo lo prometido.

De esta forma los campesinos traicionados y olvidados, valiéndose de sus propias fuerzas y su organización tomaron el camino de conquistar la tierra y no esperar nada del viejo Estado ni su gerente de turno, Lula da Silva, esta es la única forma en que la democracia llegará al pueblo.

Conquistar la tierra es una demanda democrática, cuanto más radical es esta lucha, más democrática es. No hablamos aquí de democracia en el sentido liberal burgués en el que se mueven las fuerzas reaccionarias y las fuerzas revisionistas y oportunistas de América Latina, nuestra percepción de la democracia está muy lejos de las concepciones de ese puñado de oportunistas intelectuales latinoamericanos que hablan de izquierda y democracia enmarcados en la legalidad burguesa y el Estado capitalista, nuestra concepción de democracia no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, va en el sentido de la democracia popular, de la construcción de una nueva democracia que trascienda el estrecho horizonte del Estado terrateniente burocrático como son nuestros Estados.

Apoyar la lucha de los campesinos y de todos los sectores populares es, en ese sentido, un deber democrático, un compromiso necesario para acabar con la injusticia y lograr una justicia verdadera, democrática, que sirva al pueblo. Reproducimos este comunicado de la Liga de Campesinos Pobres que ahora celebra la conquista de la tierra, la conquista de la hacienda Santa Elina. Este ejemplo glorioso servirá sin duda de inspiración a las luchas populares en nuestros países.

Centro de Estudios Populares

Comunidado

Gran celebración de conquista de la hacienda Santa Elina

Los días 3, 4 y 5 de diciembre se celebrará la fiesta de Corte Popular[2] en el área de la hacienda Santa Elina, municipio de Corumbiara donde será entregado el certificado de posesión de las tierras. También participarán campesinos de varias áreas de Rondônia y otros estados del país.

La toma de la hacienda Santa Elina entró en la historia de la lucha por la tierra en el país, cuando en 1995 los campesinos resistieron heroicamente a una verdadera operación de guerra llevada a cabo por el comando de la policía militar al mando de latifundistas de la región.

A lo largo de esos más de 15 años la lucha de las víctimas por justicia, indemnización y tratamiento de salud nunca cesó. Finalmente en julio de 2010 los campesinos organizados por la LCP (Liga de Campesinos Pobres) y por el CODEVISE (Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina), cansados de esperar por al reforma agraria fallida del gobierno (de Lula) ocuparon nuevamente la hacienda, las tierras fueron divididas en lotes de ocho alqueires[3] y entregadas a las víctimas de Santa Elina y a los demás campesinos pobres que quieren la tierra para trabajar.

Ahora la tierra que antes no producía nada está llena de gente, son más de 250 familias que ya comenzaron a producir alimentos y a contribuir con el desarrollo de la región.

Invitamos a todos los trabajadores de Corumbiara, Cerejeiras, Chupinguaia, Vitória da União, Guarajús, Rondolândia, Vanessa, Adriana, Verde Seringal y demás localidades de Rondônia para participar de nuestra fiesta.

Pedimos a todos los trabajadores, entidades democráticas y demás organizaciones que sean solidarias y contribuyan materialmente con nuestra justa lucha.

CODEVISE – Comité de Defensa de las Víctimas de Santa Elina

LCP – Liga de Campesinos Pobres de Rondônia y Amazonía Occidental

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[1] Este estado es fronterizo con el departamento del Beni en Bolivia.

[2] Una asamblea popular donde la organización de los campesinos hace  una entrega simbólica de la posesión de tierra en medio de celebraciones, esto es significativo para los campesinos porque profundiza el sentimiento de conquista de la tierra y eleva la combatividad.

[3] El alqueire es una medida variable en las regiones de Brasil, en el caso de la amazonía norte un alqueire equivale a 2.72 hectáreas.

UPEA, 7 años de autonomía universitaria

Bolivia, 17 de noviembre de 2010 (CEP).- Este 12 de Noviembre la Universidad Pública de El Alto (UPEA) celebró 7 años de Autonomía Universitaria y 10 años de creación, autonomía lograda en base a la lucha de los sectores populares de la ciudad de El Alto.

La ciudad de El Alto es de reciente creación (ley 1014 de 1985), y actualmente cuenta con los mayores índices de crecimiento demográfico y poblacional del país, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha proyectado un crecimiento poblacional que superará el millón de habitantes para el año 2011.

Entonces la Universidad Pública de El Alto nace como necesidad de la ciudadanía alteña en respuesta a las restricciones en el acceso a la educación superior hacia los sectores populares, el elevado costo de las matrículas en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la demanda de miles de bachilleres que terminando la secundaria no encontraban alternativas porque se veían coartados en continuar sus estudios a causa de limitaciones principalmente económicas. El objetivo por el cual se creó esta universidad fue el de consolidar para El Alto una institución de educación superior acorde a las necesidades y aspiraciones de la población.

Es así que, en la histórica y multitudinaria marcha del 1 de mayo del año 2000, organizada por instituciones cívico-vecinales y con la participación de estudiantes de secundaria y bachilleres, se realizó la toma física de los predios ubicados en la zona de Villa Esperanza en donde funcionaba una carrera técnica de la Universidad Mayor de San Andrés, y ahí se funda la Universidad Pública de El Alto. Al día siguiente comienza a constituirse el primer gobierno universitario provisional, se organiza la inscripción de estudiantes y el funcionamiento de las diferentes carreras. Posteriormente,  el 5 de septiembre del 2000 se promulga la ley de creación 2115 sin respetarse las disposiciones de la Constitución Política del Estado Boliviano de aquel entonces en sus artículos 185, 186, 187 y 189, que básicamente establecían la igualdad de jerarquía de todas la universidades del país y  consagraba el ejercicio de la Autonomía Universitaria. El primer rector fue Javier Tito, representante del Ministerio de Educación a cargo de Tito Hoz de Vila. La ley 2115 establecía que la UPEA ejercería Autonomía dentro de 5 años y mientras tanto estaría a cargo un Consejo de Desarrollo Institucional (CDI) de la que formaban parte el Ministerio de Educación, Iglesia Católica y otros organismos del gobierno. La UPEA nacía sin Autonomía e intervenida por el gobierno que por aquel entonces presidía el fascista Hugo Bánzer Suárez.

En medio de este escenario, se lleva adelante el proceso de institucionalización a mediados del año 2002, se reinstaura el consejo universitario como instancia de gobierno universitario, se expulsa a Javier Tito y su séquito de interventores del gobierno (que por cierto abrieron otra Universidad Pública de El Alto “legal” en la zona de Villa Dolores con los recursos económicos y el visto bueno del gobierno), y se establece en la práctica el cogobierno docente estudiantil con ejercicio de Autonomía Universitaria, así se emprende el camino de lucha por la modificación de la ley 2115 para lograr el reconocimiento igualitario de la UPEA en calidad de universidad autónoma como las otras universidades de Bolivia.

Lucha por la autonomía universitaria y la rebelion popular de octubre de 2003

Para que el 12 de noviembre del año 2003 Carlos Mesa, presidente del país ese año, promulgara la ley 2556 reconociendo a la UPEA su cualidad de Autónoma, tuvo que pasar muchas cosas que debemos tener en cuenta hoy, especialmente cuando la institución se encuentra sumida en una aguda crisis institucional y de principios.

En primer lugar fue gracias a que el estudiantado de aquel entonces (2003) asumió conciencia de la situación universitaria y comenzó a participar en la toma decisiones al interior de la universidad, pero no solamente tomar conciencia en lo que atañe a temas universitarios sino que también en lo concerniente a la problemática social boliviana. Por aquella época los movimientos indígena-campesinos del altiplano emergían con una fuerza capaz de cuestionar y paralizar las viejas estructuras coloniales del país, y es importante resaltar esto, sobre todo si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los universitarios de ese entonces (y actualmente también), son en su mayoría migrantes o hijos de migrantes del altiplano rural paceño y los yungas, así como hijos de migrantes mineros expulsados por el decreto supremo 21060.

En aquel entonces, la problemática de los recursos naturales toma vigencia, el genocida Gonzalo Sánchez de Lozada, que en su primer gobierno había privatizado empresas estratégicas del país, ahora fiel a su costumbre se disponía a regalar a precio de gallina muerta los hidrocarburos exportándolos a EEUU a través de puertos chilenos. También estaba presente el recuerdo de la guerra del agua en Cochabamba donde el pueblo movilizado en las calles había expulsado a una transnacional del negocio del agua, las represiones violentas a los cocaleros en el Chapare y la experiencia de febrero 2003 donde se produce un motín policial contra el impuesto al salario, receta para Bolivia de los organismos internacionales que cobró la vida de muchas personas. Esta rebelión se extendió a la ciudad de El Alto, donde las masas quemaron algunas instituciones estatales, incluida la alcaldía.

Los universitarios de la UPEA protagonizaron ese año bastantes muestras de dignidad y disposición para la lucha, no sólo por su demanda de autonomía, que en el contexto coyuntural era una demanda más de la población, sino que siempre estuvieron al pie del cañón, en los momentos más álgidos y donde la represión del viejo y podrido Estado Boliviano cobraba matices de cada vez más descarada violencia, no se puede explicar la Universidad Pública de El Alto sin tomar en cuenta lo que significó para todos octubre 2003, no se puede explicar la consolidación de la UPEA al margen de las heroicas luchas del pueblo históricamente marginado, por mejores condiciones de vida y por el derecho a la educación. La UPEA de ese momento fue producto del ascenso de las luchas populares.

Así como la conquista de la autonomía, otro logro fue el Voto Universal para elección de autoridades, que fue establecido por los estudiantes de la UPEA para una mayor democratización de la universidad, en contra de la oposición y el grito al cielo que lanzaron muchos de los sectores reaccionarios de la Universidad Boliviana. Asimismo, contra viento y marea, con luces y sombras, hoy se ejerce la Periodicidad de Cátedra, que significa la constante renovación y evaluación de los docentes, buscando mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, no más docentes vitalicios. El Voto Universal y la Periodicidad de Cátedra son dos hitos históricos de profunda importancia para el movimiento universitario boliviano.

Recientemente, el XI Congreso Nacional de Universidades realizado en la ciudad de Oruro el año 2009, reconoció legalmente a la Universidad Pública de El Alto como parte integrante de la Universidad Boliviana. La UPEA es una universidad joven, aun en proceso de consolidación, nueva alternativa que tiene en sus manos llevar adelante la misión para la cual fue creada, la de generar pensamiento crítico transformador de la realidad, en el marco de la universalidad de ideas, la misión de forjar profesionales que respondan a las necesidades de la gente a la cual se deben, construirse como establecieron el 2004 en su Estatuto Orgánico y reafirmaron el 2008: “CIENTIFICA, DEMOCRATICA, POPULAR Y ANTIIMPERIALISTA”.

Ante la crisis institucional y división al interior del estamento estudiantil debemos retomar la lucha por democratizar y profundizar las conquistas estudiantiles

Uno de los principios que reza el Estatuto Orgánico de la UPEA es el de “independencia política e ideológica respecto a cualquier gobierno de turno”. El actual gobierno del MAS, el llamado “Proceso de Cambio”, viene impulsando una política corporativa de cooptación de los sectores populares del que no se libra la Universidad, el propio Evo Morales ha manifestado su animadversión hacia la Autonomía Universitaria, sus planteamientos de Control Social para las universidades van en ese sentido. Los “dirigentes” afines al gobierno de turno – y no solamente en la universidad- utilizan la imagen de la institución o gremio como trampolín político con fines personales o para optar por cargos en la burocracia del Estado.

Es evidente la profunda crisis en que se encuentra la dirección del estamento estudiantil, divisionismo interno y pugna de camarillas docentes y estudiantiles son práctica común en la UPEA. Es importante que especialmente los estudiantes de base de esta gloriosa institución, reflexionen y aprendan de su historia reciente, tomar consciencia de todo lo que le costó al pueblo lograr esta universidad, todas las marchas, huelgas de hambre, movilizaciones, vigilias, incluso heridos y muertos que hubo para que El Alto, la ciudad más pobre de Bolivia, cuente con una universidad que responda a sus necesidades y aspiraciones.

^{Centro de Estudios Populares}

La Batalla de Argel

La Batalla de Argel es una película sobre la lucha del pueblo argelino en contra de la dominación colonial francesa. La lucha de este pueblo está plagada de un montón de experiencias relativas a la lucha política y militar muy necesarias hoy en día para evaluar la lucha de liberación de nuestros pueblos.
El video se proyectará el sábado 20 de septiembre a las 3pm en el aula 203 de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto.
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Pronunciamiento de la CONAIE sobre Ecuador

Las versiones oficiales sobre el motín policial en Ecuador señalan la tesis de un

fallido golpe de Estado, sin embargo los hecho señalan que son parte de las contradicciones del gobierno

y otros sectores del Estado lo que generaron malestar en la policía y se produjeron los enfrentamientos.

Bolivia, 1 de octubre de 2010 (CEP).- Difundimos este pronunciamiento del Movimiento Indígena del Ecuador sobre lo que acontece en su país a raíz del motín policial que puso en dificultades al gobierno de Correa.

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Posición del Movimiento Indígena del Ecuador, Sobre la situación Política del País

Un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, sino establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente.

La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, desnuda por lo menos cuatro cosas sustanciales:

1.    Mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y  deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado, lo que se ha hecho evidente por la rapidez con que reaccionó la fuerza pública.

2.    La crisis social desatada hoy día también es provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos.
3.    Frente a la crítica y movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agro-comerciales, el gobierno, en lugar de propiciar el dialogo responde con violenta represión, como lo ocurrido en Zamora Chinchipe.
4.    Este escenario alimenta a los sectores conservadores. Ya varios sectores y personajes de la vieja derecha pedirán el derrocamiento del gobierno y la instauración de una dictadura civil o militar; pero la nueva derecha, dentro y fuera del gobierno, utilizará esta coyuntura para justificar su total alianza con los sectores más reaccionarios y a los empresariales emergentes.

El movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, con sus Confederaciones regionales y sus organizaciones de base manifiesta ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su rechazo a la política económica y social del gobierno, y con la misma energía rechazamos también las acciones de la derecha que encubierta forma parte de un intento de golpe de estado, y por el contrario seguiremos luchando por la construcción del Estado Plurinacional con una verdadera democracia.

Consecuentes con el Mandato de las comunas, pueblos y nacionalidades y fiel a nuestra historia de lucha y resistencia contra el colonialismo, la discriminación y la explotación de los de abajo, de los empobrecidos, defenderemos la democracia y los derechos de los pueblos: ninguna concesión a la derecha.

En estos momentos críticos nuestra posición es:

1.    Convocamos a nuestras bases a mantenerse en alerta de movilización en defensa de la verdadera democracia Plurinacional frente a las acciones de la derecha.
2.    Profundizamos nuestra movilización contra el modelo extractivista y la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua, la expiación de la frontera petrolera.
3.    Convocamos y nos sumamos a los diversos sectores organizados a defender de los derechos de los trabajadores, afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos.
4.    Demandamos del gobierno nacional a deponer toda actitud de concesiones a la derecha. Exigimos que abandone su actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes; ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la Derecha y crea escenarios de desestabilización.

La mejor forma de defender la democracia es impulsar una verdadera revolución que resuelva las cuestiones más urgentes y estructurales en beneficio de las mayorías. En este camino la construcción efectiva de la Plurinacionalidad y el inmediato inicio de un proceso de revolución agraria y desprivatización del agua.

Esta es nuestra posición en esta coyuntura y en este periodo histórico.

Marlon Santi
PRESIDENTE CONAIE

Delfín Tenesaca 
PRESIDENTE ECUARUNAIR

Tito Puanchir 
PRESIDENTE CONFENIAE

Olindo Nastacuaz
PRESIDENTE CONAICE

http://blogs.elespectador.com/cruiz/2010/09/30/posicion-del-movimiento-indigena-del-ecuador-sobre-la-situacion-politica-del-pais/

El gobierno del MAS sale con todo a contener a sectores críticos y disidentes

Las críticas al gobierno y su entorno surgen de todos lados

Bolivia, 27 de septiembre de 2010 (CEP).- En los últimos meses ha retomado fuerza la contradicción entre el Estado boliviano y los sectores populares en Bolivia, mientras la administración de Evo Morales intenta contener ese choque endureciendo su control hacia sindicatos campesinos, pueblos indígenas, hacia el sector de los periodistas, hacia sus propios aliados y hasta a grupos de activistas de derechos humanos.

En el “proceso de cambio” del Movimiento Al Socialismo, la naturaleza del Estado boliviano no se ha desprendido ni por un momento de sus raíces en la clase dominante. Y el gobierno de Evo Morales, aunque alardea de estar construyendo un “Estado Plurinacional Socialista Comunitario” (que nadie puede explicar en qué consiste), no se ha apartado ni en lo mínimo de la defensa de los cimientos del viejo Estado burgués-terrateniente.

En estos últimos meses, la defensa del viejo Estado ha sido férrea y ha aglutinado a toda la cúpula del gobierno del MAS contra los sectores populares que han comenzado a lanzar críticas y exigir un verdadero cambio en la vida cotidiana de los bolivianos.

Este año los choques entre el gobierno y los sectores populares empezaron temprano, en abril-mayo, con maestros, fabriles y el caso Caranavi, del norte de La Paz, donde dos estudiantes murieron asesinados por balas policiales en medio de una movilización de pequeños campesinos que demandaba la industrialización de cítricos.

La intervención policial terminó con las protestas masivas en la región, pero comenzó una persecución contra dirigentes estudiantiles y campesinos, autoridades educativas y abogados de los familiares de las víctimas. A principios de septiembre el presidente del Comité de Huelga de Caranavi, Sinforiano Cusi, sufrió el incendio de su casa en el pueblo por desconocidos.

A fines de agosto, dos activistas de Derechos Humanos y abogados de las víctimas sufrieron el allanamiento de sus oficinas y el secuestro de documentación relativa a las muertes de Caranavi. El viceministro Wilfredo Chávez admitió el 29 de agosto que el allanamiento a la casa del abogado Jorge Quiroz fue por ser éste “poco más el portavoz” de las víctimas de Caranavi. ¡Pero si es su abogado!

En este contexto el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, antiguo militante de DDHH, informó que en esa semana del allanamiento, un grupo de funcionarios del Ministerio de Gobierno (del Interior) y un sector de “activistas de derechos humanos” se reunieron para hacer una “lista negra” de los activistas críticos al gobierno. Supuestamente los miembros de la “lista negra” serán investigados en su pasado y su presente para, con esa información, poder presionarlos en cualquier momento.

Como se puede ver, el gobierno de Evo Morales utiliza a los dos pilares del viejo Estado para extender su control hacia distintos sectores de la sociedad. La Policía y a las Fuerzas Armadas, junto a la Fiscalía y el Poder Judicial, se han afilado más que nunca para perseguir y escarmentar a disidentes y críticos (y no tanto) que pongan al descubierto la falsedad del “proceso de cambio”.

En este caso ya parece humor negro la censura moral al artista Diego Morales que pintó un cuadro que representa la fallida gestión de Evo Morales para traer la franquicia del Miss Universo a Bolivia. O la ley antirracista, de reciente aprobación, que prohíbe  a la prensa (bajo amenaza de cierre) publicar “declaraciones racistas” o discriminatorias vengan de donde vengan. En este caso los caricaturistas y gente que hace humor político ha pedido claridad en la legislación. Lo cierto es que no se sabe si la prensa podrá publicar declaraciones de Evo Morales cuando animaliza a los propios periodistas (“pollos de granja”) o discrimina a las dirigentes de la Federación Bartolina Sisa al decirles que “sólo sirven para bailar”.

El control y la persecución se extiende al propio ex aliado político de MAS: el Movimiento Sin Miedo (MSM) que está a cargo del municipio (alcaldía) de La Paz. A principios de septiembre, tres oficiales de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército fueron sorprendidos en actos delincuenciales (robando a comerciantes ambulantes), cuando iban con el uniforme de la guardia municipal.

Los miembros del MSM denunciaron que el gobierno se había infiltrado en la alcaldía y el MSM. Pero el Ministro de Defensa lo negó, a la vez que admitió que los tres militares hacían sus prácticas de inteligencia como guardias municipales. De los hechos criminales de estos tres militares del Ejército boliviano, contra humildes comerciantes minoristas, nadie dice nada.

Obviamente el control del gobierno ha empezado por casa. Es vox populi que los diputados y senadores del MAS, salidos de sectores populares, están prohibidos de opinar, criticar o tener ideas para aportar al trabajo legislativo. Este fin de semana, 25 y 26 de septiembre, el senador del MAS Manuel Limachi admitió ante la prensa que “hay senadores que le tienen miedo” a Evo Morales, que desde el 22 de enero en que comenzó la legislatura están prohibidos de hacer gestión en sus regiones y que él mismo es parte de un “rebaño” que sólo “levanta manos” a la hora de aprobar leyes enviadas por el gobierno.

Pero el gobierno de Evo Morales no está sólo en su tarea de controlar y adormecer a los amplios sectores populares. Muchos sindicatos acólitos hacen el trabajo sucio de contener disidencias y posiciones críticas, que son consideradas como “conflictivas y divisionistas”.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sindicatos campesinos e indígenas que apoyan al gobierno, está en proceso de aprobar un estatuto interno para vetar y expulsar de sus filas a los dirigentes que “generen conflicto, enfrentamiento o división entre las organizaciones sociales o sus representantes en el seno de la Conalcam”.

La expulsión es también para dirigentes que “no defiendan el proceso de cambio y su implementación, a quienes negocien al margen del Conalcam o de sus organizaciones sociales con representantes del neoliberalismo”. Y en este gobierno se califica de “derechista”, “neoliberal”, “afín al imperialismo” justamente a cualquier persona que incluso haya estado en el MAS y que ahora tenga una posición crítica.

En fin, en Bolivia se ha superado el tiempo de la pugna de facciones dentro de las clases dominantes, algo que se expresaba en una pugna entre el gobierno y la denominada “media luna” (cívicos terratenientes). Esa dinámica política no hizo más que esconder por un tiempo la contradicción latente entre los sectores populares y el Estado, una contradicción que vuelve a reactivarse porque uno de sus componentes ha despertado.

Centro de Estudios Populares

Brasil: Gamonalismo persigue a quienes apoyan la lucha campesina

Bolivia, 26 de septiembre de 2010 (CEP).- Ya no es sorprendente recibir información sobre el movimiento campesino y las barbaridades del gamonalismo de los terratenientes y el Estado brasileño. Mientras un puñado de reformistas políticos e intelectuales van propagandizando las “bondades” del gobierno de Lula con el objetivo de justificar la represiva política contra el movimiento clasista campesino, los sectores populares campesinos enfrentan día a día el poder del viejo Estado que entre sus integrantes tiene a los terratenientes como clase.

La denuncia que socializamos está hecha por la Liga de Campesinos Pobres de Rondônia y Amazonía Occidental, a quienes expresamos nuestra mayor solidaridad. Sin acabar con el poder de los terratenientes no se puede hablar de solución al problema de la tierra.

Centro de Estudios Populares

Bolivia

Profesora es condenada por apoyar la lucha por la tierra

Escrito por la Liga de Campesinos Pobres de Rondônia y Amazonía Occidental

10/09/10

A los campesinos pobres, a los estudiantes, a los obreros y trabajadores en general, a los intelectuales honestos y a los movimientos y personalidades democráticas.

En julio de 2010 salió una sentencia absurda de la justicia rondoniense[1]. La víctima esta vez fue la profesora Yara Nogueira, da la Escuela Popular[2]. Ella fue condenada al pago de un salario mínimo o a trabajo comunitario (8 horas semanales por 3 meses) ¡por polución ambiental! En abril de 2007, Yara y otros activistas colaban carteles por las calles de Jaru denunciando el juzgamiento del campesino Wenderson, conocido como Ruço cuando fueron detenidos e interrogados por la Policía Militar!

Desde el 2003 la profesora Yara actúa en la Escuela Popular. Ella trabajó con educación de niños, de jóvenes y adultos en Corumbiara y en Theobroma y en la formulación y apoyo a la Campaña de Alfabetización en todo el Estado. Durante todos estos años Yara también ha tenido una militancia activa en apoyo a la lucha por la tierra, por esto es conocida y muy querida por los campesinos y profesores de la región.

Esta fue la verdadera causa de condena de Yara: apoyar la lucha campesina. Pero la “justicia” esconde sus motivos con la disculpa de “crimen ambiental”. Más aún, si la “justicia” estuviese realmente interesada en proteger la polución visual condenaría a todos los candidatos que difunden sus mentiras por todas las ciudades durante el periodo de farsa electoral. Condenarían igualmente a los organizadores de fiestas, shows y rodeos que divulgan sus eventos con carteles.

Pero la realidad es otra en Rondônia: ¡apoyar la lucha por la tierra es un crimen!

Recordemos resumidamente el caso Ruço

El campesino Ruço fue detenido a inicios de 2003 y procesado injustamente por la muerte de un pistolero del latifundista Antonio Martins dos Santos, conocido como “Gallo Viejo”, uno de los mayores ‘grileiros’[3] de tierras públicas de la región. Este proceso [de Ruço] fue un ejemplo de cómo la “justicia” actúa al servicio del latifundio en el Estado. La Jueza Fabiola Cristina Inocêncio Sarkis cometió toda suerte de irregularidades, dentro de las cuales estuvo el retraso del juicio de Ruço en septiembre de 2006. Ella temía que un juicio popular dejara inocente a Ruço, pues una amplia campaña de nivel nacional e internacional denunciando la farsa de su condenación alcanzó a la población de Jaru. Volantes, actos públicos, entrevistas en radios, debates en salas de aulas e inclusive una Carta Abierta firmada por casi 500 entidades y personalidades democráticas de renombre, aclaraban la verdad que era escondida por los monopolios de los medios de comunicación.

Señalado para abril de 2007, los movimientos, entidades y activistas democráticos, dentro de ellas la profesora Yara, se desdoblaron para hacer nueva campaña de propaganda. Nuevamente pasaron en radios, salas de aula, distribuían volantes y colaron carteles por la calles de Jaru. Centenas de personas acompañaron el juicio dentro y fuera del Forum y finalmente Ruço fue liberado.

Las persecuciones al campesino Ruço, la sentencia contra la profesora Yara no nos sorprende más. Es una realidad de la lucha por la tierra en Rondônia y en todo el Brasil. Justicia sólo existe para los latifundistas. Para los campesinos y quienes los apoyan quedan los despojos, criminalización y desmoralización, prisión y el asesinato por pistoleros.

Esta situación que tanto nos indigna, nos tiene que movilizar. Tenemos que ampliar la justa lucha por la tierra, su divulgación y defensa por los cuatro rincones del país.

¡Por el fin inmediato de la sentencia contra la profesora Yara!

¡El pueblo quiere tierra, no represión! ¡Muerte al latifundio!

¡Viva la Revolución Agraria!

Liga de Campesinos Pobres de Rondônia y Amazonia Occidental

Movimiento Femenino Popular

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[1] Se refiere al estado de Rondônia en Brasil, fronterizo con el departamento del Beni en Bolivia.

[2] La Liga de Campesinos Pobres tiene como parte de su trabajo la organización de Escuelas Populares que trabajan en campañas de alfabetización y aprendizaje de técnicas de producción en el campo para mejorar la vida de los campesinos.

[3] Se llama ‘grileiro’ a las personas que se han apropiado de tierras a través de falsas escrituras haciendo uso de su poder político terrateniente.

Potosí, el “proceso de cambio” que no es

Multitudinaria manifestación potosina a favor de los bloqueos

Bolivia, 11 de agosto de 2010 (CEP).- El conflicto en el departamento de Potosí, uno de los más pobres del país, pone otra vez al descubierto la demagogia reformista del “proceso de cambio” respecto de la industrialización de país. Cuando la minería es una actividad estratégica, sin su respectiva industria metalúrgica, y cuando la explotación de los hidrocarburos no puede generar ni siquiera una fábrica respetable de motores a gas, el problema es de fondo.

La población de Potosí lleva más de 14 días de huelga general y bloqueos de caminos en el departamento, comienzan a faltar alimentos y el gobierno insiste en que levanten sus medidas de presión como condición para “dialogar”.

Pero qué pide la población de Potosí. La delimitación de dos comunidades Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí), ambas con yacimientos de piedra caliza que también concentran oro, litio, cobre y uranio. Aunque el lío tiene décadas, los pobladores escucharon que Irán está interesado y presto a explotar el uranio del lugar. La creación de una fábrica de cemento para industrializar esos minerales redondea las peticiones con la expectativa de generación de empleo.

El otro pedido es para poner a funcionar la planta metalúrgica de Karachipampa que fue entregada en 2008 a la canadiense Atlas Precious Metals. La construcción de un aeropuerto, la preservación del Cerro Rico de Potosí (agujereado internamente por incontables concesiones mineras) y la construcción de carreteras.

En síntesis los pobladores piden la industrialización tan prometida por Evo Morales en tiempos electorales, pues se entiende que por ahí puede llegar el empleo, los salarios y mejores condiciones de vida. Nada extraño si se considera que las poblaciones más remotas del departamento no tienen ni electricidad ni gas en los amaneceres invernales de 20ºC bajo cero.

Por supuesto la demagogia y el discurso no llevan el pan al estómago del pueblo ni resuelven en los hechos las aspiraciones de desarrollo de las regiones y poblaciones más atrasadas económicamente. Pero no se trata sólo de promesas electorales incumplidas, sino de la imposibilidad de generar desarrollo económico en el país debido a las ataduras de la economía a las transnacionales del imperialismo, algo que no ha cambiado en el “proceso de cambio” de Evo Morales.

Es más, en plena protesta el gobierno ha anunciado que Evo viajará en los próximos días a Corea del Sur para conocer los resultados de la Korean Sources Corporation (KORES), que ha analizado muestras del Salar de Uyuni (Potosí) con el interés de explotar (saquear) el litio allí contenido.

Lo cierto es que más allá de las demandas de los pobladores, de los sueños de la burguesía nacional, de los anuncios de industrializar el país y de la hemorragia de demagogia del gobierno (el Canciller “denuncia”, cada que puede, que las transnacionales “nos roban”), existe una imposibilidad de generar una industria nacional (con el Estado o sin él) debido a la fuerte presencia del imperialismo en todas sus formas y manifestaciones: desde el imperialismo yanqui cuyo gobierno financia más de veinte proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de Evo Morales, hasta los grandes capitales en consorcios multinacionales que se han adjudicado la explotación de distintos recursos naturales.

El valor de Potosí

Potosí ha aportado históricamente con recursos minerales al mundo. El sistema colonial implantado en América fue determinante para la acumulación originaria de capital en el naciente sistema capitalista inglés y europeo. Aún actualmente sufre el saqueo de sus recursos minerales por capitales imperialistas (por ejemplo la Minera San Cristóbal, subsidiaria de Sumitomo de Japón; el “proyecto” San Bartolomé, subsidiario de Coeur d’Alene Mines Corporation; y otras megasaqueadoras).

A pesar de ello es uno de los departamentos más pobres y más contaminados del país. Según los datos oficiales, la pobreza bordea el 80%, el índice de mortalidad infantil alcanza a 135 por 1000 y el analfabetismo es de 30,8%. Las condiciones de trabajo en la minería informal son muy duras para hombres, mujeres y niños obreros (las transnacionales emplean poca mano de obra), y se resiste masticando hoja de coca y tomando alcohol.  

La alarmante pobreza ha hecho que los pueblos fronterizos tengan economías ligadas al contrabando, en otros casos pueblos íntegros migran a pedir limosna en las calles de las ciudades del eje del país, en otros casos la población se traslada a Argentina o el norte de Chile a vender su fuerza de trabajo muchas veces en condiciones de cuasi esclavitud.

Por eso no es novedad un conflicto de estas proporciones. Los dirigentes del Comité Cívico de Potosí aseguran que hace tiempo vienen conversando con el gobierno sobre estos problemas, pero no tienen resultados en sus demandas reivindicativas. Por eso es que en su ira, la población ha declarado el federalismo (registrado por notario de fe pública en un cabildo).  

En su imposibilidad de generar la tan anunciada industrialización, el gobierno de Evo Morales apuesta a debilitar a la movilización por cansancio, ensaya dividir a los actores sociales, condiciona el inicio del “diálogo” a parar las medidas de presión y amenaza con perseguir con la justicia a los movilizados. Pero el pueblo también tiene armas para presionar, la última información reporta que un ayllu ha cortado la electricidad a la todopoderosa San Cristóbal.

La hora de los sectores populares

En este primer año de la segunda gestión de Evo Morales, los conflictos sociales han sido protagonizados por distintos sectores populares (campesinos, obreros de fábricas, maestros, indígenas y otros), y algunos de ellos se han desarrollado en los bastiones electorales del MAS, como Caranavi (que pedía la industrialización de la producción de cítricos) y ahora Potosí.

Ya pasaron los años en que la pugna de facciones dentro de las clases dominantes se expresaba en un tibio enfrentamiento entre el gobierno y la denominada “media luna” (cívicos terratenientes). Esa dinámica política no hizo más que esconder por un tiempo la contradicción latente entre los sectores populares y el Estado, una contradicción que vuelve a reactivarse porque uno de sus componentes ha despertado.

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